1) Se me pregunta por la presión ejercida sobre la Corte Suprema de Justicia, en relación con la elección de Fiscal General de la Nación.
Lo primero que hay que decir es que la Constitución Política del 91 consagra esa facultad – deber de la C.S. de J. de elegir el Fiscal General de la Nación, de terna presentada por el presidente. Sobre eso no puede haber discusión alguna.
Lo segundo es si se presentó una presión indebida sobre la Corte el día previsto para la elección de Fiscal General de la Nación. Lo cual se evidenció en la T.V.: una turba apostada frente a la reja de acceso a parqueadero del Palacio de Justicia.
Y eso como producto de la imprudente e indebida convocatoria del presidente de la República, quien parece haber leído mal la Constitución que previene la “colaboración armónica” de las ramas del poder público, no su “presión indebida”. Este aspecto tampoco ofrece discusión, dada su notoriedad.
La cuestión queda reducida entonces a tres aspectos:
1º) Conveniente o inconveniente que las altas Cortes tengan facultad de elegir altos funcionarios públicos?.
2º) La autonomía de la C.S. de J. para elegir Fiscal General de la Nación.
3º) Cual sería la solución más práctica?
En cuanto al primer aspecto, se ha sugerido relevar las Altas Cortes de ese deber de elegir altos funcionarios púbicos.
Y, desde luego, de hacerlo libremente, sin presión alguna, lo cual tampoco debería llamar a discusión.
Pues ocurre que la solución, en este país de leyes, es más fácil de lo que pudiera pensarse: ya que la Corte Suprema de Justicia parece no tenerlo contemplado en su Reglamento Interno, corresponderá al Congreso dictar una pequeña norma legal que imponga – en todo evento de elección corporativa – que en la tercera votación la mayoría simple determinará al elegido.
Que cosa más elemental, no?.
Pero mientras tanto, conveniente resulta que la C.S. de J. elija lo más pronto posible al nuevo Fiscal General de la Nación, no sólo por los cuestionamientos que se hacen a la Fiscal encargada (con razón o sin ella), sino también por cuanto se rumora insistentemente que las demoras precedentes obedecieron a intereses creados de los magistrados votantes.
Sea como fuere, resulta ridículo que los politiqueros uribistas se vayan a E.E.U.U. a festinar nuestros problemas ante la C.I.D.H., la ONU o la OEA.
