Amigas y Amigos:

Como es bien sabido el Art. 113 de la Constitución Política preceptúa que “son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial”.

Tres artículos más adelante se ocupa nuestra Constitución Política de los órganos que “administran justicia”: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, en general.

Pues resulta que al Ministro de Justicia del actual gobierno, a quien sólo se le ocurría echar afuera de las cárceles a las condenadas cabeza de familia, ahora se le ocurrió designar una comisión de 34 miembros para reformar la justicia.

Nunca se le ha escuchado al ministro el tema de las colonias agrícolas, como alternativa legal y sociológica para solucionar el enorme hacinamiento carcelario (por el cual la Corte Constitucional viene reiterando su declaración de Estado de cosas inconstitucional desde 1997) indicio claro de su desconocimiento del Código Penitenciario y Carcelario. Desde luego que así el trascendental tema de la resocialización del delincuente queda en veremos.

Pertinente resulta el pensamiento de Napoleón: “si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

En efecto, la sola composición de la comisión hace previsible su anodino accionar y su inexorable fracaso: los presidentes de las Cortes (quienes no van a ser tan ingenuos de prescindir o renunciar a sus prebendas), Cámara de Comercio de Bogotá (extraña al tema), Asonal Judicial (que solo abogará por los empleados) y el sabihondo Vargas Lleras, el mismo que se arrogó la solución del problema de los uber y taxistas para después de mucha pantalla no hacer un carajo, y quien en su vanidad y prepotencia salió a decir que el gobierno le había invitado a hacer parte de la Comisión, desmentido que fue por el ministro de justicia: “Fue iniciativa de él participar en la Comisión,…”

Pues resulta que este caballero se ha dejado venir con un chorro de lugares comunes: acabar la congestión (no dice cómo), acabar la impunidad (no dice cómo), eliminar el Consejo Superior de la Judicatura a cambio de una dirección (gerencia) de la Administración Judicial (refrito de hace ya varios lustros), ampliar las facultades jurisdiccionales a los notarios (refrito de hace varias décadas), ampliar el periodo de los Magistrados de las altas cortes a 12 años (no dice por qué), que el Inpec pase a ser dependencia de la policía (es decir: en lugar de eliminar un instituto corrupto, colgárselo a la policía:  que maravilla!) y la cereza politiquera para tan desabrido como mediocre pastel:  que lleguen a la Corte Constitucional Magistrados elegidos por el senado (exabrupto típica y descaradamente politiquero).

Queda, pues, evidenciado cómo ninguna propuesta de interés, novedosa, hace don Vargas Lleras: su inquietud esencial es robar pantalla para “mantener actualidad” gratis, como suelen hacer los demás politiqueros, y tratar de meter uno que otro gol politiquero a la comisión para al final escudarse en aquello de que la multitud dilúe la responsabilidad.

Y esto lo afirmo con el respaldo que me da el haber escrito y publicado hace cerca de 20 años el libro “La Problemática de la Administración de Justicia – o del caos judicial en Colombia”.

Por eso echamos de menos los temas esenciales que deben constituir una verdadera reforma a la Administración de Justicia, como por ejemplo.

1º) La construcción de colonias agrícolas, para cumplir la norma del Código Penitenciario y Carcelario según la cual los condenados no deben permanecer con sindicados, y así poder efectuar el proceso de resocialización del delincuente.

2º) Los magistrados están dejando de laborar durante 60 días al año, pues se han tomado como “derecho adquirido” el permiso de 5 días en casos de calamidad doméstica.

3º) Los magistrados que no tengan sus despachos al día (ninguno lo tiene) no podrán viajar por el país en días hábiles dictando conferencias, ni dictar clases (se ponen otro sueldo, mientras sus auxiliares son los que trabajan).

4º) Jueces y magistrados devengarán un salario compuesto: básico, cual mínimo vital en interés de su familia, y el resto por curva de rendimiento. Cuántos magistrados se encuentran “escampando” en espera de su pensión, pero sus despachos en manos de auxiliares.

5º) Eliminar la Fiscalía General de la Nación, dadas su ineficacia y su corrupción.

6º) Suprimir el principio de oportunidad y el sistema penal acusatorio ante su rotundo fracaso (en estos 32 años de vigencia) que se traduce en rampante impunidad de más de 94%.

7º) Introducir la cooptación restringida en las Altas Cortes, de lista conformada por la Academia Nacional de Jurisprudencia, las facultades de Derecho y los colegios de abogados.

8º) Como ocurre en E.E.U.U., remitir a los ciudadanos Litis pendientes, durante 10 meses, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (como requisito de procedibilidad).

9º) Señalar unos mínimos de producción de providencias mensuales, a todos los despachos judiciales (incluso creando estímulos).

10º) Consagrar una norma de carácter penal: 30 años de pena inconmutable a funcionario o empleado a quien se compruebe haber estado incurso en problemas de corrupción (prevaricato por acción o por omisión).

11º) Habilitar formularios que faciliten la concreción de las providencias, para evitar esos “ensayos” de cientos de páginas que dejan a cientos de procesos sin atención oportuna.

12º) Actualizar las normas penales, de manera que no sea admitida la suspensión de ninguna audiencia por más de una vez.

13º) Abolir toda facultad de elección de las Altas Cortes, excepto la de sus propios dignatarios.

Con éstas y algunas otras normas similares, que no sean cosméticas o superficiales sino que vayan al fondo del asunto, podríamos esperar una adecuada reforma a la justicia…… siempre y cuando los ignaros  e ineficientes congresistas las aprueben.

Por el bienestar de Colombia: Movimiento Cívico Nacional.